TEPJF Desecha nulidad de elección presidencial

“Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la coalición Movimiento Progresista”, declaró el ministro presidente Alejandro Luna.

A pesar de la múltiples pruebas presentadas por el Movimiento Progresista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró por unanimidad que todos los recursos del movimiento progresista, en los que se apelaba a la legalidad de las elecciones, son infundados. Sus principales argumentos fueron que no se presentaron suficientes pruebas y que las que se presentaron no se podían relacionar directamente con la ilegitimidad del proceso electoral.

TEPJF; Foto: El Informador

Durante las 5 horas que duró la sesión, los magistrados expusieron uno por uno, los principales argumentos de la oposición eran considerados como inválidos.

1. Por la promoción encubierta de Enrique Peña Nieto en medios de comunicación desde el 2006, el Tribunal se pronunció de esta manera:

“Se estima que el agravio es infundado,ya que no pueden vincularse directamente con el proceso electoral en curso pues los planteamientos incluso se refieren a acontecimientos previos al inicio del proceso electoral”.

2. Inducción del voto por el uso indebido de encuestas:

“La coalición no precisó algún otro aspecto que permita a este órgano jurisdiccional advertir la existencia de algún error muestral o algún sesgo en la metodología de las encuestas limitándose a destacar la diferencia entre sus resultados y el de la elección, situación que, como se ha explicado, el hecho es insuficiente para suponer que interfirió en las encuestas y argumentar que fueron sesgadas o manipuladas a favor del candidato de la coalición Compromiso por México”.

3. Por Financiamiento encubierto:

“Por lo que hace a la supuesta contratación de Frontera Televisión Network, no se puede evidenciar que se haya pactado el pago de 56 millones de dólares”.

“En relación con la contratación de diversas empresas mercantiles a través de las cuales presuntamente se llevó a cabo la compra de 9 mil 924 tarjetas de prepago de Banco Monex , que supuestamente fueron distribuidas entre delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional para la compra y coacción del voto, si bien existen posicionamientos de este instituto político en el sentido de que sí existieron algunos actos de contratación con determinadas personas morales, dicho reconocimiento sólo prueba que se estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios mediante las referidas tarjetas para ser utilizados por las personas que el partido indicara, mas no así la final idadilícita alegada por la coalición actora”.

4. En cuanto a la entrega de tarjetas de Soriana, el Tribunal resolvió que:

“Por lo que respecta al argumento de que existió una relación contractual entre Tienda Soriana y los gobiernos de extracción priísta, porque estos últimos le adjudicaron a la mencionada tienda contratos por una gran cantidad de dinero, se estima que el acervo probatorio ofrecido y aportado no es suficiente para acreditar tal irregularidad, en tanto que si bien existen tales contratos con algunos gobiernos locales, lo cierto es que únicamente se realizaron para la distribución de despensas e insumos alimenticios de distinta naturaleza, pero sin que existiera un nexo causal entre ese acto jurídico y la supuesta distribución de tarjetas”.

5. Gastos excesivos en campaña electoral y publicidad:

“La Ponencia estima que no hay elementos suficientes que permitan vincular de manera evidente a los sujetos denunciados con montos determinados de erogaciones relacionadas con la campaña de la elección presidencial ni se evidencia que la coalición denunciada, los partidos que la integran o su candidato haya manifestado haber efectuado ese tipo de erogaciones. Por lo tanto, al no tener plena certeza sobre los hechos e irregularidades aducidos por la enjuiciante, en tanto que no aportó pruebas suficientes para ese fin, resultan infundados estos motivos de nulidad”.

6. Intervención de los gobiernos federales y locales:

“La coalición actora no demuestra que en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 en los comicios para renovar al titular del Ejecutivo Federal, los funcionarios públicos federales y locales antes mencionados hayan intervenido indebidamente mediante la utilización ilícita de recursos del erario público para lograr ejercer presión o coacción en los ciudadanos electores, a fin de que el candidato postulado por la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, obtuviera una mayor cantidad de votos”.

7. Irregularidades en la jornada electoral:

“Se estima que dichos argumentos carecen de sustento al ser manifestaciones genéricas que no tienen las circunstancias o que no refieren las circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunado a que se aportan pruebas que no resultan aptas, tales como copias fotostáticas de dos notas de periódico obtenidas de páginas de Internet, o bien presuntos reportes de observadores electorales y videos, probanzas todas que resultan inconducentes para probar lo argumentado, máxime que no se encuentran adminiculadas con algún otro elemento de convicción”.

8. Irregularidades de los cómputos distritales:

“En el proyecto, se propone desestimar lo anterior, toda vez que en los términos en los que está planteado el agravio esta Sala Superior carece de elementos para concluir que tal circunstancia constituye una violación a la normatividad de la materia”.

Por otro lado, el comunicado del PRI declara lo siguiente:

“El Partido Revolucionario Institucional reconoce la solidez jurídica, el profesionalismo y la imparcialidad de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en sesión celebrada ayer declararon infundada la impugnación sobre la elección presidencial del 1° de julio pasado promovida por la Coalición Movimiento Progresista”.

Foto: ElEconomista

Y agrega:

“El PRI exhorta a los dirigentes y al excandidato de la Coalición Movimiento Progresista a respetar las sólidas instituciones electorales que todas las fuerzas políticas del país hemos construido y que son patrimonio de los mexicanos, así como también a acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El cumplimiento de las sentencias judiciales definitivas es el sustento de la justicia, la armonía social y la paz”.

A las 8 de la mañana de hoy, Andrés Manuel López Obrador llamó a manifestarse pacíficamente en la capital del Zócalo el próximo domingo 9 de septiembre:

“Al pueblo de mexico, informo que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral, que ha declarado válida la elección presidencial.  Las elecciones no fueron ni limpias ni libres ni auténticas”.

“La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y la felicidad del pueblo, convoco a todos los partidarios de la democracia y de nuestro movimiento a que nos congreguemos en la Ciudad de México el domingo 9 de septiembre a la 11 de la mañana; ahí definiremos lo que sigue”, declaró.

Por Limonsaurio

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El Cafetín de las 5

Revista cultural con sede en la Ciudad de México. 25 de abril 2011
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